En el mes de Junio del presente año, la Provincia de Chaco estableció el Programa de Seguro Multirriesgo para productores agrícolas de esa provincia.
Un pool de aseguradoras integrado por cuatro de ellas desarrolló el programa para el cultivo de girasol.
Programas similares han sido llevados adelante en provincias como Mendoza y San Juan en años anteriores, dando cobertura a productores agrícolas de los cultivos medulares para la actividad económica y Producto Bruto Interno de cada economía regional.
En todos los casos, las provincias subsidian parte de la prima de seguro de manera de lograr que los productores cuenten con una herramienta de seguro contra contingencias climáticas que les da seguridad al momento de realizar las inversiones correspondientes.
La actividad aseguradora, como herramienta económica, es una herramienta de inclusión financiera, destacándose sus beneficios en tanto elemento de previsibilidad y seguridad jurídica y económico-financiera.
Son innumerables los ejemplos que afirman lo dicho en el párrafo anterior, mostrando al seguro como acompañante de un proyecto de inversión, de crecimiento económico, de herramienta de crecimiento de mercado de capitales interno sin dejar de observar que las empresas aseguradoras son el principal inversor institucional de la República Argentina.
Dicho esto, creo que debemos atender de forma integral la importancia de desarrollar el seguro agropecuario en Argentina teniendo en cuenta que desatendiendo esa problemática, estaríamos desatendiendo como industria la cobertura a la principal actividad económica de nuestro país. La actividad agropecuaria representa alrededor del 18% del Producto Bruto Interno directo argentino y en forma indirecta entre el 25% y el 30%. Es decir que, cualquier catástrofe climática que afecte a los productores agropecuarios argentinos a lo largo y a lo ancho de nuestro país afecta en gran dimensión a la actividad económica general. Sin ir más lejos, la sequía sufrida por Argentina en el año 2018, provocó la falta generación de recursos por alrededor de U$S 9.000.000.-, aproximadamente 4% del PBI.
Los riesgos climáticos vienen a encontrar una respuesta en seguros que cubran sequía, granizo, inundaciones, incendios y heladas. Desarrollar este tipo de seguros es clave para la expansión de la producción agropecuaria.
Actualmente, teniendo en cuenta las últimas estadísticas emitidas por SSN, alrededor del 50% del campo argentino está asegurado. De ese porcentaje, el 98% está asegurado contra granizo y el resto con otras coberturas adicionales, estando el 0.5% del suelo asegurado con coberturas multiriesgo.
Las actividades económicas principales de cualquier país deben ser protegidas con políticas de Estado integrales. Por eso considero que el seguro agropecuario debe ser una política de Estado y no intenciones coyunturales dependientes de la alternancia de gobiernos en un régimen democrático.
Así lo es en países como España, India, Estados Unidos, Francia y Brasil, únicamente por citar algunos ejemplos.
En España existe una Ley de Seguro Agropecuario que fue la primera ley después del régimen franquista y no ha sido modificada desde su dictado, en el año 1978. En esa ley, el Estado se compromete a aportes presupuestarios a un porcentaje de la prima total del seguro, dependiendo la zona, el cultivo y las prioridades de producción españolas de cada cosecha.
En 1978 se produce en España un cambio radical en el modelo de gestión de los riesgos agropecuarios, con ocasión de la aprobación por el Parlamento de la Ley 87/1978, de seguros agrarios, que recoge el pacto entre el Gobierno, los sindicatos agrarios y los aseguradores para establecer el sistema de seguros como el instrumento idóneo para la gestión de los daños catastróficos en el sector agrario.
El nuevo sistema de seguros agrarios, que diseña dicha ley, define como asegurables a todos los riesgos naturales no controlables por el agricultor, siempre que previamente se realicen los estudios técnicos correspondientes para definir las condiciones para su aseguramiento y el costo de la tarifa.
Como consecuencia de lo anterior, el Gobierno viene adoptando, cada año, el acuerdo de no conceder ayudas extraordinarias a los agricultores afectados por pérdidas causadas por riesgos asegurables. Los modelos mixtos “público – privado”, como el que rige en España, dan cabida al interés privado de asegurados y aseguradores y al interés público de la Administración y del conjunto de la sociedad, que pone de su parte recursos técnicos y económicos, para posibilitar un aseguramiento sostenible del sector agrario.
En el caso de Brasil, se estableció el Programa de Subvención a la Prima del Seguro Rural (MAPA). Este programa cuenta con un subsidio diferencial por cultivo que puede ir del 30 al 70%. Este programa es apoyado por algunos Estados que subvencionan adicionalmente la prima, de forma que el agricultor puede pagar en algunos casos solo 25% del valor de la prima. El seguro está orientado a la actividad agrícola, pecuaria, forestal y acuícola.
Las aseguradoras que pueden participar son las inscriptas en ese programa, y muchas de ellas trabajan en nuestro país, sumando a eso que muchos de los reaseguradores internacionales (fundamentales por su capital y capacidad de retención en este tipo de riesgos) también están inscriptos en la Superintendencia de Seguros de la Nación para trabajar en Argentina.
Los ejemplos de España y Brasil son descriptos únicamente para que se pueda advertir que en economías similares a la nuestra, y cuya actividad económica principal es la producción agropecuaria, se han llevado adelante políticas de Estado en materia de seguro agropecuario que otorgan a los productores las certezas descriptas al comienzo del presente artículo.
Debemos celebrar las iniciativas estatales como las de Chaco, Mendoza y San Juan, ya que eso significa orientar la ayuda estatal hacia el trabajo y la producción. Cualquier esquema será válido y eso será parte del debate pero considero que siempre ganaremos como país si comenzamos a trabajar sobre una Ley Nacional de Seguro Agropecuario que diseñe la participación estatal en el desarrollo de estas políticas, no únicamente por el aporte económico en si mismo, si no estableciendo las prioridades del aporte, los organismos que deben intervenir, cómo debe configurarse la relación público-privada en esta materia, el procedimiento para el otorgamiento de subsidios, etc.
Puedo asegurar, porque en reiteradas oportunidades he podido trabajar el tema ejerciendo la función de Gerente Técnico de SSN, que apetito a riesgo existe de parte de las aseguradoras y reaseguradoras, además de agregar que no únicamente pueden aportar capacidad económica para amparar esos riesgos, si no también todo su conocimiento y capacidad profesional teniendo en cuenta que en muchas casos son esas entidades las que participaron de los programas desarrollados en otros países.
Asimismo, existe mucho interés por parte de las Cámaras Agropecuarias de contratar seguros que le den estabilidad, previsibilidad y seguridad jurídica pero es verdad que se necesita del apoyo estatal en lo económico y en el diseño de programas, ya que en todos los lugares del mundo con características similares a las nuestras el desarrollo del seguro agropecuario fue de la mano de apoyo estatal.
Pensemos también que el desarrollo del seguro agropecuario, y por tanto la transferencia de riesgo hacia aseguradoras y reaseguradoras de los eventos climáticos amparados por esos contratos de seguro, implicará menor erogación para los Estado Nacional y los Estados Provinciales al momento de tener que responder ante la emergencia climática.
Dicho más claramente, el Estado aportando a la prima del seguro ve beneficios a largo plazo por la el mayor aumento de producción, crecimiento de la actividad económica, y deja de tener que responder frente a catástrofes climáticas en virtud de lo que indica la Ley de Emergencia Agropecuaria.
Creo que en el caso argentino, debemos empezar por trabajar un proyecto de ley que modifique en lo necesario a la Ley de Emergencia Agropecuaria, fije las condiciones mencionadas anteriormente y empezar a desarrollar programas de seguros paramétricos que amparen riesgos catastróficos según las características de las distintas zonas del país. No en todo el país son uniformes los riesgos a los que está expuesta la actividad agropecuaria por lo tanto ese análisis debe ser hecho con profundidad.
Para aclarar, los seguros paramétricos implican mucho menor costo de administración ya que se establece un índice a partir del cual se considerará la ocurrencia o no de siniestro independientemente del daño sufrido. Es por esto que no necesita de pericias de siniestros que evalúen ocurrencia y daño de las contingencias cubiertas. La inversión inicial es más costosa porque implica mucho desarrollo tecnológico que debe ser validado por las autoridades nacionales pero indefectiblemente este tipo de seguros son más dinámicos y ya cuentan con aprobaciones en Superintendencia de Seguros de la Nación.
De hecho ya existen procedimientos conjuntos entre SSN y el Ministerio de Agroindustria que permiten operativizar rápidamente las aprobaciones de este tipo de productos, y en el último tiempo se han aprobado muchos productos para diferentes zonas del país.
Por otro lado, también deben definirse prioridades en cuanto a los cultivos que se buscarán amparar en un primer momento. Hay cultivos extensivos que afectan más a la actividad económica nacional/federal y hay cultivos intensivos que están más relacionados con las economías regionales de las diferentes provincias, y nuevamente vale decir que el análisis debe ser pormenorizado en ese sentido.
Una oportunidad que creo Argentina debe aprovechar es la capacidad que otorgan reaseguradores internacionales para cubrir este tipo de riesgos. El desarrollo de estos seguros puede lograr que reaseguradores que hoy operan en el mundo busque inscribirse en Argentina y generen más mercado para las aseguradoras argentinas.
En resumen, creo que están dadas las condiciones para comenzar a discutir proyectos de leyes y programas de seguros agropecuarias, y creo que en la discusión deben estar todos los actores intervinientes, de parte del Estado Nacional (Poder Ejecutivo y Legislativo), de los Estados provinciales, de las Cámaras Agropecuarias privadas y del Sector Asegurador y Reasegurador capaz de dar soporte a las necesidades.
