La Corte Suprema condenó a la provincia de Buenos Aires a pagar una indemnización de más de 400 millones de pesos más intereses a la viuda del gerente de la sucursal Ramallo del Banco Nación. La masacre ocurrió en 1999, al momento de la huida de dos delincuentes con tres rehenes en un vehículo, mientras otro quedó en el banco y fue apresado.
La conocida "Masacre de Ramallo" fue un robo frustrado a la sucursal del Banco Nación en Ramallo, al norte de la provincia de Buenos Aires. En el hecho, ocurrido el 17 de septiembre de 1999, tres asaltantes tomaron posesión del banco durante 20 horas, manteniendo negociaciones con la Policía en ese tiempo.
Dos de los delincuentes salieron de la sucursal del Banco Nación con tres rehenes, entre ellos el gerente del banco con un cuello de troyl (explosivo) atado al cuello. Con la tarea inconclusa, los delincuentes buscaban escapar, pero los policías apostados allí dispararon una ráfaga de 150 balas contra el auto, en el que sabían que había rehenes.
Como consecuencia, murieron un ladrón y dos de los rehenes a bordo, sobreviviendo uno de los asaltantes y la otra rehén, cónyuge del gerente. Flora Lacave, la sobreviviente, es quien deberá ser indemnizada, junto a sus cuatro hijos, por la muerte de Carlos Chaves. El otro delincuente, que quedó en el banco, fue detenido, pero al día siguiente apareció muerto en su celda por un supuesto suicidio que nunca fue esclarecido.
Por este hecho fueron condenados penalmente siete policías que participaron del operativo, con penas de entre dos a veinte años de prisión, quedando pendiente el proceso civil. La Corte Suprema de la Nación, que intervino en 2001 en la causa por competencia originaria condenaron a pagar la millonaria suma en el plazo de 30 días, tanto a la provincia de Buenos Aires como a dos policías responsables.
Los ministros Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti postularon que el resarcimiento debía ser de 220 millones de pesos, mientras que sus pares Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda ponían el monto cerca de los 400 millones de pesos. Por esta paridad y a falta de un quinto ministro, apelaron a la conjueza Rocío Alcalá, de la Justicia Federal, que se volcó por la suma mayor y se estableció en los $407.082.000, más los intereses a computarse desde 2005.
