En una decisión jurídica que marca responsabilidades en el caso conocido como “masacre de Carmen de Patagones” ocurrido en septiembre de 2004, cuando Junior Solich -de 15 años- disparó al menos 13 veces un arma de su padre y ocasionó la muerte de tres compañeros -además de otros cinco heridos de consideración-, se ha ordenado que tanto la Prefectura Naval Argentina como la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires deben compartir la responsabilidad por la tragedia.
La jueza actuante determinó que la Prefectura no tomó las medidas necesarias para asegurar el armamento que Solich -miembro de la institución de seguridad- utilizó durante el ataque, una pistola 9mm propiedad de su padre. A su vez, la Dirección General de Escuelas fue señalada por haber desoído señales de alerta sobre la conducta de Solich, quien había mostrado actitudes preocupantes antes del ataque.
El fallo detalla que la escuela no supo abordar las advertencias que el padre del agresor había hecho sobre su hijo, quien demostraba comportamientos perturbadores y había expresado en varias ocasiones intenciones violentas. La jueza argumentó que la institución debía haber implementado medidas de seguridad que podrían haber evitado la tragedia o al menos reducido los daños.
Por su parte, la Prefectura Naval argumentó que no podía ser responsabilizada por las acciones de Solich, ya que el arma había sido guardada de manera segura en el hogar familiar. Sin embargo, el fallo concluyó que el hecho de proveer armamento a sus agentes implica riesgos que la fuerza debe asumir, incluso si el uso de dichas armas se desvía de la reglamentación vigente.
Este fallo que obliga el pago indemnizatorio de más de 10 millones de pesos a la familia de una de las víctimas fatales, marca un precedente importante al subrayar la responsabilidad del Estado en la prevención de este tipo de tragedias y la obligación de tomar medidas adecuadas para evitar que ocurran hechos similares en el futuro. (Fuente: Diario Crónica)
