Después de casi cinco años, la Justicia ordenó que una concesionaria y un fabricante de autos indemnicen con una cifra millonaria a una mujer policía mendocina de 48 años que sufrió un grave siniestro cuando manejaba su cero kilómetro e inesperadamente se le abrieron los airbags.
El hecho ocurrió en Guaymallén, la tarde del 15 de septiembre de 2018. Aquel día, la sargento Estela. C, iba conduciendo un Fiat Argo 1.3 Drive GSE (modelo 2018, con sólo seis meses de uso).
Fue en ese momento que la mujer comenzó a ver que salía del tablero un polvillo blanco. Un segundo después, se activaron abruptamente los dos airbags delanteros, que golpearon a la conductora violentamente e hicieron que perdiera el dominio del auto ya que el impacto le provocó la pérdida del conocimiento. El vehículo salió de la calle y terminó en una acequia.
La mujer sufrió graves heridas y debió ser trasladada en ambulancia al hospital El Carmen, donde quedó internada. El auto quedó destrozado.
Tras el accidente, los dueños del automóvil -la policía y su pareja- recibieron una notificación de Fiat donde le informaban sobre la necesidad de realizar una verificación y reparación del cableado del volante, ya que existía el riesgo de que “una eventual ruptura del cableado eléctrico del volante de dirección y, en casos extremos, el accionamiento involuntario del airbag del conductor, con los consiguientes daños físicos y materiales al conductor, a los pasajeros y a terceros”.
La conductora y su pareja iniciaron una demanda civil contra Fiat (FCA Automotores Argentina S.A.) y la concesionaria Lorenzo Automotores por incapacidad sobreviniente por la suma de $ 3.482.547, daño psicológico por $ 33.600 y daño moral por $ 500.000.
La misma fue contestada por la concesionaria, sosteniendo que los dueños no habían agotado el camino técnico y que la causa del daño le era ajena, ya que el vehículo había sido entregado por personal técnico mecánico idóneo, que verificó que el rodado se encontraba en óptimas condiciones de uso y que no se había advertido ninguna falla que encubriera vicios ocultos.
Pero un ingeniero mecánico que trabajó en el caso como perito afirmó que, por la época del siniestro, la fábrica sabía que el auto de la mujer “se encontraba dentro de un lote fallado ya que de otro modo su propietario no habría recibido la notificación personalizada”.
Y además, que si en la trayectoria previa a la caída del Fiat a la acequia hubiese existido algún obstáculo como para desacelerar al vehículo, evidentemente hubiese sido advertido por la conductora o hubiera dejado marcas en el pavimento.
GRAVE SINIESTRO: EL ANÁLISIS DEL JUEZ
El juez del Tribunal de Gestión Asociada Tercero, tras analizar todas pruebas, determinó que el auto era cero kilómetro y que los airbags se activaron “por una falla mecánica, y que la fábrica había informado sobre supuestas fallas en el automotor adquirido”.
A la hora de determinar los daños, el magistrado estableció que el reclamo no sólo incluía la incapacidad física y psicológica, sino también la influencia en toda la esfera individual, laboral, recreativa, familiar y social.
El golpe repentino le produjo a la conductora un “traumatismo craneal con pérdida de conocimiento, además de politraumatismos con repercusión en la columna cervical, órganos viscerales y secuelas estéticas en abdomen”.
Esto generó limitaciones físicas con una incapacidad permanente parcial del 61,50%. “La señora sufrió un accidente de gran magnitud, debiendo ser trasladada urgentemente a nosocomio, donde permaneció internada y sometida a cirugía con extirpación de útero y anexos. El cambio en su vida es evidente desde la parte hormonal, que modificó tempranamente el funcionamiento de su organismo como la alteración física y psicológica que sigue en tratamiento”, sostiene la sentencia.
Sobre este panorama, la Justicia Civil fijo un monto de indemnización de $ 15 millones por daños, $ 36.000 por daños psicológicos y gastos terapéuticos y $ 1.000.000 por daño moral. Para este último apartado, la compensación se fijó en un monto con el cual podría realizar un viaje al interior de país. Haciendo un total de $ 16.036.000, más intereses.
(Con información de Los Andes)
