Que el ciudadano, en su “incultura vial”, no perciba su riesgo individual y familiar, de ninguna manera justifica al estado para no percibir el riesgo colectivo y social.
CADA HORA, CADA DÍA DE INACCIÓN EFICIENTE SE MIDE EN VIDAS.
El usuario de la vía pública puede pensar que el problema se soluciona simplemente con sanciones o con mayor educación, el empresario puede sostener que la inseguridad vial le resta ganancias o le genera pérdidas. EL ESTADO NO.
El Estado, por definición y naturaleza, no puede sostener una mirada individual, sino colectiva y de bien común.
El Estado, por definición y naturaleza, no gestiona “lo privado” sino “lo público”.
La ganancia o pérdida no se mide en moneda primariamente, sino en vidas y muertes, en salud y enfermedad.
Insistimos: se trata de la principal causa de muerte y lesiones no natural de los integrantes de nuestra sociedad.
La gravedad “objetiva” que plantea la problemática de la seguridad vial, colocando a sus consecuencias nefastas muy por encima de otras causas de muertes y lesiones no naturales (Ej.: inseguridad delictual), determina la obligación del Estado (independiente del gobierno de coyuntura) de asumir una responsabilidad seria y profesional de contención de las víctimas y de encauzar su accionar a la erradicación del problema o la minimización de sus consecuencias.
El ESTADO (nacional, provincial, municipal) no puede ni debe “naturalizar” esta enfermedad social.
Las políticas públicas no se declaman; se planifican, se presupuestan, se ejecutan, se evalúan, se rinde cuentas, se corrigen.
Dr. Eduardo Bertotti
Director ISEV
