La firma pagará 73 millones de dólares a los familiares de la masacre ocurrida en 2012 en un colegio del Estado de Connecticut, donde murieron 20 alumnos y 60 profesores. El atacante, que se suicidó, tenía 20 años.
Nueve familias de de las víctimas de la masacre en la escuela Sandy Hook en Estados Unidos anunciaron que llegaron a un acuerdo por 73 millones de dólares en su batalla legal contra Remington, fabricante del fusil semiautomático que usó Adam Lanza, de 20 años, para matar a 26 personas en la tragedia de 2012. El acuerdo sienta un precedente ya que es la primera vez que un fabricante de armas rinde cuentas por un tiroteo masivo en el país.
Del acuerdo formaron parte 4 aseguradoras que habían emitido 5 pólizas en total cubriendo a la firma: Ironshore (una subsidiaria de Liberty Mutual), James River Insurance Co., ACE (actualmente Chubb y and North American Capacity Insurance Co. (peteneciente a Swiss Re).
"Los demandantes de esta acción informan que un acuerdo por daños y perjuicios fue concluido entre las partes", sostiene el documento presentado por familiares de la víctimas. El acuerdo, además, permite que las familias compartan documentos de la empresa que obtuvieron durante el procedimiento judicial. Esto, destacaron los abogados de las familias, representa un hito porque se obligó a un fabricante de armas -el más viejo en Estados Unidos- a enfrentar responsabilidad por cómo ofrece sus productos.
“(La empresa) usaba tácticas de marketing irresponsables que atraían a jóvenes varones propensos a la violencia. Era marketing que apuntaba a aquellos que quieren aparecer más intimidantes, más poderosos y más masculinos gracias a el uso de sus (fusiles) AR-15”, dijo Nicole Hockley, madre de un niño de seis años asesinado en la masacre.
Lanza usó el rifle semiautomático el Bushmaster AR-15 para matar a 20 niños de Sandy Hook y seis adultos, entre ellos su propia madre. El joven se suicidó antes de que se terminaran las balas.
Luego de Sandy Hook, los fusiles AR-15 fueron utilizados en otros tiroteos masivos: en 2017 en Las Vegas, que dejó 86 muertos, o el de Parkland, Florida, en 2018, que dejó 17 muertos.
En marzo de 2019 la Corte Suprema del estado de Connecticut falló que la compañía Remington podía ser enjuiciada para determinar si su publicidad del fusil de asalto tuvo incidencia en tiroteos que dejaron un gran número de víctimas.
Pero ya dos años antes, el abogado de los familiares de Sandy Hook, Joshua Koskoff, había señalado que el marketing de Bushmaster publicitaba al fusil como un arma de asalto. "Esa arma no era promovida para el deporte o la autodefensa", afirmó entonces.
Los abogados de las familias argumentaron que la publicidad del Bushmaster AR-15 violó la legislación estatal porque estaba dirigía a consumidores civiles, aunque por sus características sería solo adecuado para uso militar y policial.
El presidente estadounidense, Joe Biden, calificó de "histórica" la decisión y subrayó que ahora comienza el "trabajo necesario de hacerles rendir cuentas a los fabricantes de armas".
Los fabricantes y distribuidores de armamento deben cambiar sus modelos de negocio o "asumir el costo financiero de su complicidad", indicó en un comunicado.
Sin embargo, y a pesar de las promesas electorales realizadas por el expresidente Barack Obama, la legislación sobre la tenencia de armas no ha cambiado en Estados Unidos. El lobby de las armas ha bloqueado en el Capitolio cualquier esfuerzo por cambiar la Segunda Enmienda de la Constitución del país, que permite el derecho a portar armas.
La matanza de Sandy Hook fue el tiroteo masivo más grande en una escuela primaria o secundaria en la historia de Estados Unidos. Resultó, además, el cuarto más sangriento hecho por una sola persona en la historia, después de la masacre de Virginia Tech en 2007; la del Club Pulse en Orlando en 2016; y el tiroteo de Las Vegas, en 2017.
El joven tenía 20 años. Primero mató a su madre dentro de su casa y después condujo el auto de ella hasta la escuela, donde abrió afuego contra alumnos y profesores.
Un informe de noviembre de 2013 emitido por la oficina del Fiscal del Estado de Connecticut llegó a la conclusión de que Lanza actuó solo y planeó sus acciones, pero no hubo ningún indicio de los motivos de por qué lo hizo.
(Con información de Insurance Journal y Página 12)
