El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ha concluido el pasado viernes que la sentencia del Tribunal Supremo español que obligaba a la aseguradora del desastre del Prestige, London P&I Club, a desembolsar alrededor de 855 millones de euros por el vertido del crudo frente a las costas gallegas en 2002 es «incompatible» con sus resoluciones arbitrales.
En el dictamen, el juez estima el recurso de la aseguradora, argumentando que la sentencia española es «incompatible» con el arbitraje británico y, en su caso, sería contraria a los principios de la legislación británica en relación a lo juzgado.
En 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que la sentencia española prevalece sobre el arbitraje británico en el caso que enfrenta a España con la aseguradora del barco del desastre del Prestige, y, por lo tanto, estaría obligada a pagar la compensación por los daños de la marea negra.
La decisión de los jueces británicos sobre el desastre del Prestige dificulta todavía más este complicado litigio en el que chocan las jurisdicciones de dos estados europeos. El caso se complica todavía más teniendo en cuenta la salida del Reino Unido con el Brexit, lo que complica un posible pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este caso del barco del Prestige que causó la marea negra en las costas de Galicia.
Todo se remonta al 16 de enero de 2012, cuando London P&I Club inició un procedimiento en el que solicitaba que se declarara que España estaba obligada a presentar su recurso ante el Derecho Inglés, dado que las demanda era contractual y respondía a las normas inglesas de conflicto de leyes, por lo que debía aplicarse al contrato el Derecho inglés.
El caso parte del naufragio del barco petrolero Prestige frente a las costas gallegas, cuando transportaba 70.000 toneladas de fuelóleo, que se derramaron y causaron importantes daños en el litoral norte de España y en el litoral occidental de Francia.
En este marco, se inició una disputa judicial entre la aseguradora del buque, London P&I Club y España, planteada en dos procesos diferentes en dos Estados miembros. Dichos procesos dieron lugar a dos resoluciones judiciales: una dictada por la Audiencia Provincial de La Coruña y la otra por el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales.
España solicitó el reconocimiento de la resolución de la Audiencia Provincial de La Coruña por los órganos jurisdiccionales de Inglaterra y Gales, a lo que el Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido accedió en mayo de 2019.
