La Justicia Civil condenó a pagar más de $40 millones a la Municipalidad de Alta Gracia por no señalizar debidamente una obra de pavimentación por la que terminó gravemente herido un motociclista. Ahí radica la importancia del fallo: por qué un municipio es responsable si no alerta sobre un peligro.
El accidente se produjo el 28 de septiembre del 2014. Alfredo Rubén Medina, en ese momento de 49 años, circulaba a bordo de su moto marca Suzuki, con casco reglamentario, en la ciudad de Alta Gracia hasta que al llegar a la esquina de Avenida Alfonsin y calle Uruguay impactó contra un trozo de asfalto suelto del pavimento por una obra que realizaba el municipio. No lo vio porque era de noche y porque no había carteles señalizadores.
Medina terminó internado en terapia intensiva en el Hospital Regional de Alta Gracia tras perder el conocimiento. Luego fue atendido en el Hospital Córdoba.
Los daños neurológicos que le ocasionó el siniestro son irreversibles. Intentó que la Municipalidad de Alta Gracia asumiera los tratamientos básicos para lograr detener el deterioro neurológico, pero no lo consiguió.
El 18 de marzo del 2015, la Provincia le expidió el certificado de discapacidad por el diagnóstico de traumatismo cráneo encefálico, por lo que padece de Hemiplejia GLD, Disvalía, Convulsiones y pérdida de la visión del ojo derecho, además de otras deficiencias oftalmológicas y neurológicas.
Medina tenía un taller de motos y no pudo seguir trabajando. Tampoco pudo continuar asumiendo la cuota alimentaria de su hija de ocho años que vivía con su mamá. La mujer tampoco le reclamó porque lo consideraba “un muerto vivo”.
Por eso acudió con una demanda a los tribunales, asistido por las abogadas Karina Zeverín y Graciela Toresani. La jueza civil, Graciela María Vigilanti, falló a su favor en agosto del 2022. La sentencia quedó firme y ahora debe ser ejecutada.
Al responder la demanda, los abogados de la comuna rechazaron absolutamente todo, hasta los certificados médicos que presentó el damnificado.
La jueza logró determinar la veracidad del relato del motociclista porque luego del siniestro intervinieron efectivos policiales y se abrió un expediente en la Fiscalía de Instrucción donde declararon testigos y se incorporaron fotografías de cómo quedó la moto y la situación de la obra de pavimentación.
La magistrada también consideró el nexo causal entre el golpe y la reparación vial en desarrollo. Dejó en claro que la omisión tiene consecuencias muy gravosas porque los estados municipales tienen la obligación de señalizar los obstáculos que impiden la circulación normal.
Además, ponderó el daño orgánico cerebral y el alto porcentaje de incapacidad (80%) con que quedó el motociclista, producto de “lesiones múltiples simultáneas o conjuntas polifuncionales”, para lo cual analizó el historial clínico y llegó a la conclusión de que sus padecimientos fueron producto exclusivamente del siniestro vial.
En agosto del 2022, la jueza Vigilanti estableció indemnizaciones por daño emergente, lucro cesante pasado y futuro, daño moral, gastos terapéuticos de por vida. En total, fijó el monto en más de $10 millones. Actualizados, representan alrededor de $40 millones.
La sentencia quedó firme y debe ser ejecutada. (Fuente: Perfil)
