En un caso de estafa telefónica que se volvió conocido como "El cuento de la grúa", tres personas fueron condenadas por un fraude que se llevó a cabo desde la provincia de Río Negro.
La investigación, a cargo de la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, culminó en la detención de Gloria Noemí Jara, quien fue arrestada durante un allanamiento, junto con el secuestro de elementos de prueba. Los otros dos condenados, Brian Alejandro Monsalve y Brian Joaquín Pinto, se encontraban en el Penal de General Roca.
La denuncia se inició el 1 de julio, cuando un vecino del barrio Roberto Romero recibió una llamada de un supuesto conocido que alegó estar varado en una ruta. Este individuo le pidió ayuda para gestionar el servicio de una grúa, asegurándole que no podía comunicarse con su aseguradora. Sin desconectar la llamada, la víctima se comunicó con el supuesto operador de la compañía, quien le informó que el costo del servicio era de 150 mil pesos. Convencido, el vecino realizó la primera transferencia a través de Mercado Pago.
Sin embargo, el engaño continuó cuando el supuesto conocido solicitó más dinero para el transporte de sus familiares, llevando a la víctima a transferir un total de 600 mil pesos. Al desconfiar, el damnificado se puso en contacto directo con la aseguradora, donde se dio cuenta de que había sido estafado.
Las investigaciones revelaron que las llamadas provenían de internos del Penal N° 2 de General Roca. Gracias a los informes de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos Complejos (UDEC) y los allanamientos realizados, se pudo demostrar que el dinero estafado ingresó a la cuenta de un hijo menor de Gloria Jara, quien mantiene una relación con uno de los internos.
El juez Pablo Zerdán condenó a Jara a tres meses de prisión condicional, mientras que Monsalve y Pinto recibirán tres meses de prisión efectiva. Además, se impusieron reglas de conducta a todos los condenados. En cuanto a la reparación económica, los tres condenados pagaron la suma de 600 mil pesos, que ya fue depositada en una cuenta judicial para ser entregada al damnificado. (Fuente: Qué Pasa Salta)
