Un grupo de 28 entidades de usuarios manifestaron a la Superintendencia de Seguros de la Nación su disconformidad por la reciente derogación del RENASEG, el Registro Nacional de Contratos de Seguros de Personas Humanas.
Sucede que -en línea con los objetivos de la nueva gestión de Javier Milei- la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) derogó el funcionamiento de este registro que -básicamente- mantenía informada a la gente sobre la existencia de los seguros que podía llegar a cobrar.
El RENASEG informaba sobre la existencia de seguros de vida, accidentes personales y/o sepelio que hubiera suscripto algún familiar o allegado recientemente fallecido. También proporcionaba los datos de la entidad aseguradora involucrada. Esto facilitaba a los posibles beneficiarios reclamar la prestación derivada del contrato en caso de corresponder.
El organismo habia sido recientemente creado, en agosto de 2023, por otra Resolución de la Superintendencia (SSN 389/2023).
Surgió a pedido de una de las entidades de usuarios (ADUCA) que esgrimió un argumento sencillo: que las compañías de seguro no enviaban los certificados de estas pólizas a sus clientes.
"Por esa falta de información que debería estar en los Certificados, gran cantidad de asegurados y beneficiarios se quedaban sin la posibilidad de percibir las sumas aseguradas”, comentó Eduardo Baeza, presidente de esa entidad.
El dirigente comentó un caso. En el año 2015, según el relevamiento de una aseguradora el mercado junto con esa entidad de usuarios, detectó que, entre 30 mil casos, unos 500 asegurados no reclamaron sus correspondientes sumas por no estar al tanto de que existían.
A partir de la implementación del Registro, la posibilidad de acceder a la información parecía haberse aceitado para los usuarios, hasta que la SSN, el organismo de contralor de la actividad aseguradora, hoy a cargo de Guillermo Plate, eliminó el RENASEG mediante la resolución 194/2023.
Por este motivo las entidades de consumidores -entre las que figuran Deuco, Adecua, Aduca y Consumidores Libres, entre otras- elevaron una nota a la Superintendencia el 26 de abril pasado para pedir la derogación de esa Resolución que eliminó el RENASEG y la plena vigencia de la Resolución 389/2023 que lo creó.
También las ONG van a hacer un pedido de información pública para que se les informe qué estudio se hizo para concluir "la incidencia económica" que tenía el Registro.
Claramente, “la derogación del organismo beneficia a las compañías que prestan el servicio y deben indemnizar a sus clientes. En cambio, perjudica a los usuarios porque se les dificulta el acceso a la información para exigir lo que les corresponde”, señaló Baeza.
(Fuente: Clarin)
