Patricia Torres trabajaba como empleada doméstica en un departamento del 10° piso de un edificio de Palermo. La mañana del 5 de abril pasado debía encontrarse con su empleadora en cercanías del Jardín Botánico. Nunca llegó a la cita. Tampoco respondía las llamadas que recibía en su teléfono celular. Eran las 10.45 y la mujer estaba muerta. Falleció después de caer en el hueco del ascensor de servicio. Su cuerpo fue hallado en el segundo subsuelo. Tres meses después, la Justicia procesó sin prisión preventiva, por el delito de homicidio culposo, al ingeniero electromecánico que trabajaba para la empresa contratada para hacer el mantenimiento de los elevadores.
Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. La decisión fue tomada por el juez en lo criminal y correccional porteño Edmundo Rabbione. Para el magistrado, según se desprende de la resolución, la muerte de Torres, que tenía 46 años, se pudo haber evitado.
El juez Rabbione consideró que los peritajes hechos “han permitido develar el mal funcionamiento de las cerraduras electromecánicas de las puertas de rellano [sic] del piso décimo del ascensor número dos, como así también las deficiencias verificadas en los restantes ascensores emplazados en el inmueble. Lo cual resulta un extremo que da cuenta de un obrar negligente y contrario a la normativa existente por parte del representante técnico de la empresa conservadora [sic] de elevadores, quién tenía a su cargo velar por el mantenimiento y/o conservación de los mecanismos de seguridad de los elevadores que están destinados al transporte de personas”.
La resolución recayó sobre Pablo Solotar, de 75 años, que en el momento de la muerte de Torres trabajaba para la empresa Elevadores Vertirod, firma contratada por el consorcio de propietarios del edificio situado en avenida Santa Fe 3968, donde trabaja la víctima.
LA NACION se comunicó con Elevadores Vertirod para conocer la opinión de la empresa sobre la resolución judicial, pero a pesar de la promesa de que una “persona encargada” iba a responder la consulta, ningún representante de la firma se volvió a comunicar.
Según se desprende del expediente judicial, “se concluyó que al momento de la inspección, en la puerta de rellano [sic] del ascensor número 2 en el piso décimo se produjo su apertura al accionar la misma cuando la cabina del ascensor no se encontraba en ese nivel. En consecuencia, esa falla en el funcionamiento del sistema de seguridad de la cerradura electromecánica habría originado el siniestro al permitir la anomalía grave que fue la apertura de la puerta del piso sin encontrarse la cabina del ascensor, produciéndose así la precipitación de la víctima al vacío”.
En la investigación, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Mónica Cuñarro, quien solicitó que se hicieran tres peritajes y tomó varias declaraciones testimoniales. Tras las pruebas reunidas en la pesquisa, la funcionaria judicial pidió que Solotar sea llamado a prestar declaración indagatoria y después solicitó su procesamiento, según informaron a LA NACION fuentes judiciales.
“La falla detectada se repitió no solo en el ascensor en donde ocurrió el hecho sino también en otros elevadores del edificio, lo que conlleva a sostener que no se trató de una falla aislada y repentina, de modo que de haberse realizado los controles debidos y las pruebas de seguridad necesarias por el responsable de la conservación [sic], [ingeniero Pablo Solotar], contratado para ello por el consorcio de propietarios, las anomalías en cuestión debieron necesariamente haber sido detectadas, evitándose el suceso que culminó con la muerte de Torres”, se afirmó en la citada resolución.
En su declaración indagatoria, el ingeniero aclaró que su función se limitaba a hacer los informes técnicos de los ascensores de los edificios en los cuales la empresa para la que trabajaba era contratada y afirmó que no se encargaba del mantenimiento “como insinúa el representante del Ministerio Público”.
“Del informe se desprende que el ascensor no presentaba fallas en la fecha en que fue observado por mi persona. ¿Cuándo se originó la falla o cuándo se pudo originar? No lo sé, y es imposible determinarlo, o al menos del peritaje que se me exhibe como prueba no se desprende”, dijo el acusado. Además, negó negligencia de su parte.
El ingeniero agregó: “Soy un trabajador, no soy el dueño de la empresa. ¿Y quiénes realizan el mantenimiento, las reparaciones? Porque yo no me encargo de tal actividad, yo solo informo, y el mantenimiento se hace, tenga o no tenga falla el ascensor. Además, se hicieron los peritajes sobre el resto de los elevadores y también presentaban fallas. De ser esto así me preguntó: ¿Los miembros del consorcio, la administración del consorcio, nunca advirtieron nada? No realizo mantenimiento ni reparaciones de elevadores. No se sabe cuándo dejó de funcionar correctamente la puerta del décimo piso del ascensor número 2, dado que el control es mensual y había pasado casi un mes desde el último chequeo. Los ascensores presentan fallas todos los meses, como las botoneras o alguna puerta trabada, por lo que es imposible saber cuándo puede llegar a fallar un ascensor”.
Según las pruebas reunidas en el expediente, el ingeniero ahora procesado revisó el ascensor en cuestión el 9 de marzo pasado, es decir, casi un mes antes del día en que murió Torres.
La victima había comenzado a trabajar para la familia que la contrató el 1° de febrero pasado. Primero lo hizo como empleada doméstica en una casa de veraneo y, a partir de marzo, en el edificio donde ocurrió la tragedia.
En el expediente declaró como testigo la empleadora de la víctima, C. G., quien sostuvo que el 5 de abril pasado se tenía que encontrar con Torres en una plaza cercana al Jardín Botánico. Torres nunca llegó. Tampoco respondía las llamadas que le hacía a su teléfono celular.
“C. G. se dirigió a su domicilio y tomó conocimiento por parte del encargado de que una persona se había caído por el hueco del ascensor. En ese momento se imaginó que podría tratarse de su empleada debido a que Torres no había respondido a sus reiteradas llamadas telefónicas”, se explicó en la resolución judicial.
(Fuente: La Nación)
